La Seguridad Ciudadana en el Gobierno Local.

Benito Armando Peña Almao

Barinas, Venezuela – Agosto 2018.

 La seguridad ciudadana se ha convertido en uno de los problemas más complejos y apremiantes de las ciudades en los diferentes países de la región. Generalmente, se improvisan operativos y planes aislados de seguridad, descuidando la necesaria formulación de políticas públicas, que intentando responder a las distintas áreas asociadas a la seguridad ciudadana, se integren en planes estratégicos con visión de largo plazo, con respuestas orientadas a la prevención y a la promoción de la convivencia y la cultura ciudadana. Por esa razón se procederá a exponer algunas pistas sobre: en qué consiste la gestión de políticas públicas de seguridad ciudadana, cuáles deben ser sus objetivos, cuáles deben ser sus prioridades y qué lógica se debe seguir en la ejecución de los programas y proyectos.

En principio, las políticas públicas de seguridad ciudadana son entendidas como el conjunto de acciones, proyectos y programas, institucionales y sociales, tendientes a resguardar y garantizar plena y efectivamente las libertades y derechos de los ciudadanos.[1] Por lo tanto, las políticas de Seguridad Ciudadana deben incidir en los factores que permiten prevenir, mitigar y superar, la problemática relacionada con los hechos de violencia, la delincuencia y las situaciones de riesgos de siniestros y desastres naturales, así como también, la problemática asociada a los accidentes viales y las infracciones a las normas del tránsito terrestre y de la convivencia ciudadana en los espacios públicos.

Ese planteamiento se sustenta en el enfoque aportado por el PNUD, en el cual se considera que el desarrollo humano debe estar orientado a elevar el rango de oportunidades de elección de los ciudadanos para disfrutar de sus libertades y derechos; y en consecuencia, las políticas públicas de seguridad ciudadana deben garantizar que los individuos puedan ejercer esas oportunidades de manera segura y libre. Por lo tanto, se considera que la promoción de la convivencia y la seguridad ciudadana son aspectos esenciales para elevar el desarrollo humano.[2]

Siguiendo esas pautas, las políticas públicas de seguridad ciudadana deben orientarse hacia la creación de condiciones de seguridad, la creación de condiciones sociales libres de riesgos, la prevención y la resolución alternativa de conflictos, la promoción de la convivencia pacífica, propiciar el respeto a las normas de convivencia ciudadana y el uso pacífico de las vías y espacios públicos, prevenir y reducir los hechos delictivos, prevenir los riesgos de siniestros y de desastres naturales, y atender las víctimas afectadas por estos fenómenos. Se considera que al desarrollar esas condiciones, los ciudadanos podrán gozar plenamente y ejercer íntegramente sus libertades y derechos, podrán desplegar todas sus potencialidades en integración con los demás.[3] De igual forma, los ciudadanos podrán experimentar la sensación de vivir en un ambiente social en el que pueden desarrollar sus actividades cotidianas, sin sentir el temor de que pueden ser víctimas de la violencia o de actos delictivos.[4]

El desarrollo de estas políticas públicas de seguridad ciudadana, de acuerdo a los aportes del PNUD, resultan más aplicables y eficaces  cuando son coordinadas desde el gobierno local. De hecho, en la región, los gobiernos locales se vienen convirtiendo en el ámbito clave de intervención en iniciativas de prevención del delito, la promoción de la cultura y la convivencia ciudadana, e incluso, en la prevención de los riesgos de siniestros y de desastres naturales. Estos avances se deben a que el gobierno municipal puede establecer relaciones de cercanía social con los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil, es en el espacio local donde se pueden visualizar y focalizar los factores generadores del delito, de la violencia y de los riesgos de los asentamientos urbanos improvisados. De igual forma, al ser el gobierno municipal el responsable de la Seguridad Ciudadana, sus habitantes pueden ejercer una mayor presión y el control social del cumplimiento de esa responsabilidad.[5]

Siendo esos los objetivos a perseguir en la gestión de las políticas de seguridad y siendo el municipio el ámbito con mayores ventajas para desarrollarlas, pasaremos ahora a la definición de las pautas de la lógica de las intervenciones o los modos de concretar la consecución de los objetivos antes planteados. En cuanto al modo de conducir las políticas de seguridad, siguiendo los aportes del PNUD, se considera que los gobiernos locales deben fortalecer su gestión desarrollando planes de seguridad ciudadana con un enfoque de derecho y con perspectiva de género, en los que se incorporen programas integrales de seguridad y promoción de la cultura y la convivencia ciudadana.[6] De igual forma, de acuerdo a los aportes del PNUD y Frühling, se considera que el diseño, ejecución y control social de esos planes supone un trabajo conjunto entre el gobierno local, la sociedad civil, las academias, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y las diferentes instituciones del sistema de seguridad.[7] Siguiendo esos planteamientos, los gobiernos locales deben impulsar redes de participación ciudadana, las cuales se deben involucrar en la ejecución de los planes, programas y proyectos destinados a concretar las políticas de seguridad ciudadana.

En cuanto a los criterios orientadores de la lógica de la intervención de las políticas de seguridad ciudadana, siguiendo los diferentes aportes institucionales[8], se considera que los gobiernos locales deben centrar sus prioridades en el desarrollo de iniciativas en las áreas siguientes:

1. Mejorar la prevención de los principales hechos de violencia. De modo especial, la prevención de la violencia de género, inter-generacional y hacia los grupos en situación de vulnerabilidad.
2. Mejorar la prevención de los principales hechos delictivos.
3. Elevar el uso de mejores prácticas de convivencia y de las normas, conductas y modos de interacción de la cultura ciudadana, en especial, en ambientes sociales con niños, jóvenes y mujeres en situación de riesgo.
4. Mejorar el manejo de información por parte de la población en general, y en especial, de los conductores de vehículos, sobre los aspectos siguientes:

• Las normas del tránsito terrestre.
• Las medidas para prevenir y mitigar accidentes viales.
• Los derechos y deberes de los conductores y peatones.

1. Mejorar el manejo de información por parte de la población, de las instituciones y de las organizaciones de la sociedad civil, sobre los aspectos siguientes:

• Las áreas y situaciones de riesgos de siniestros y desastres naturales.
• Las medidas para prevenir y mitigar los siniestros y desastres naturales.
• Los planes de contingencia y protocolos de atención de la población afectada por siniestros y desastres naturales.

1. Configurar, desarrollar y propiciar la sostenibilidad de redes de participación ciudadana, con la inclusión de las organizaciones comunitarias, de la sociedad civil, de las universidades, de los medios de comunicación y de la empresa privada. Estas redes deben intervenir en la planificación, ejecución y evaluación de los programas y actividades en las áreas siguientes:

• Prevención de la violencia y de los delitos.
• Promoción de la convivencia y la cultura ciudadana.
• Educación vial y de la prevención de accidentes de tránsito.
• Prevención y mitigación de siniestros y desastres naturales.
• Atención a la población afectada por siniestros y desastres naturales.

Avanzando en la identificación de las pautas de la lógica de intervención en la prevención de la violencia, de los hechos delictivos, de los riesgos de accidentes viales y de los siniestros y desastres naturales, siguiendo las recomendaciones del PNUD, se considera que se deben desarrollar acciones que permitan prevenir, evitar, investigar el comportamiento de los hechos delictivos, las infracciones a las normas y las situaciones que vulneran, la vida de las personas, el orden social y la convivencia.[9] Siguiendo ese planteamiento, las políticas de prevención deben anticiparse a los hechos que representan situaciones de inseguridad.[10] Por lo tanto, se trata de ordenar acciones que sigan lógicas como las siguientes:

1. En primer término, desarrollar acciones que permitan visualizar con anticipación los riegos o situaciones en las que se pueden generar comportamientos delictivos, violentos o de infracción de las normas de convivencia; las situación de riegos ante posibles siniestros o efectos de los fenómenos naturales sobre la vida o los bienes de los ciudadanos.
2. En segundo término, impulsar acciones para advertir, informar o persuadir a la población, para que tomen las medidas y cambios en sus comportamientos que ayuden a evitar o mitigar los riesgos de las situaciones que generan inseguridad.
3. En tercer término, disponer y preparar los medios para atender a las víctimas del delito y la violencia, o a los ciudadanos afectados por las contingencias de accidentes viales, siniestros o efectos de los desastres naturales.

Ese enfoque preventivo viene posicionándose frente al enfoque de control, en el cual tradicionalmente se involucra a la policía, los fiscales y los jueces, enfoque calificado como represivo.[11] Se plantea entonces, siguiendo los aportes de Lasso, que de ese enfoque tradicional se debe pasar a un abordaje de las políticas de seguridad  que incluya la protección, la prevención, la rehabilitación y el empoderamiento. [12]

Para el desarrollo de ese enfoque preventivo, de acuerdo a los avances planteados por Frühling, se requiere, por una parte, el desarrollo de investigaciones sobre la violencia, el delito, la trasgresión de las normas de convivencia, los mapas de riesgos de siniestros y de posibles efectos de fenómenos naturales, lo cual permita contar con conocimientos sobre los factores o las variables esenciales que generan las situaciones de inseguridad. Por la otra, se requiere aplicar, divulgar y adaptar esos conocimientos a las condiciones en las que se ejecutan los programas y proyectos.[13]

Avanzando en la descripción de la lógica de intervención, en todas las áreas de las políticas de seguridad ciudadana se requiere de la promoción de la convivencia y la cultura ciudadana. En cuanto a la convivencia ciudadana, según los aportes del PNUD y Lasso, es entendida como la promoción de relaciones sociales armónicas, de interacciones de respeto y de reconocimiento mutuo, entre ciudadanos con diferentes intereses y necesidades, y con rasgos culturales heterogéneos. Entonces, la mediación de conflictos, la creación de confianza, la promoción de espacios de diálogo entre los ciudadanos y los diferentes sectores sociales, resultan necesarias en las distintas iniciativas de los programas y proyectos de seguridad ciudadana.[14]

Pasando a la identificación de los criterios para la promoción de la cultura ciudadana, siguiendo los aportes de Hernández y López, se considera que las personas no nacen ciudadanas de hecho, que las personas deben aprender a ser y a sentirse ciudadanos, lo cual depende de si son tratados como tales y entrenados para ser ciudadanos. Por lo tanto, la seguridad ciudadana, en todas sus áreas de intervención, requiere del desarrollo de estrategias que deben buscar cambiar los patrones de conducta, los hábitos y la disposición de las personas hacia el cumplimiento de las normas y el respeto a los demás. Se trata de que los comportamientos, valores, actitudes y percepciones, que compartan los ciudadanos y que determinen las formas y la calidad de la convivencia, incidan o conlleven al respeto del patrimonio común, el espacio público local; la ciudad, y faciliten el reconocimiento y cumplimiento de los deberes y derechos ciudadanos.[15]

Por todo lo antes expresado, estas iniciativas de promoción de la convivencia y la cultura ciudadana, requieren ser guiadas por una visión de mediano y largo plazo, de un amplio esfuerzo en acciones que faciliten el aprendizaje de valores, de conectar efectivamente a los ciudadanos entre sí y con el patrimonio público que comparten; la ciudad. De igual forma, se requiere del desarrollo de una amplia red de organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, que apoyen y se articulen en la promoción de estos cambios.[16]

 Citas

[1] PNUD. 2009 Documento de Programa Conjunto Mejorando la Seguridad Ciudadana en Panamá: Hacia la Construcción Social de una Cultura de Paz  Fondo PNUD-España para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ventana Temática de Prevención de Conflictos y Construcción de Paz. PNUD – Gobierno de Panamá. p. 8.

[2] PNUD. 2009 Hacia una mejor gestión local de seguridad. Serie compartir conocimientos. PNUD Centro Regional para América Latina y el Caribe p. 13.

[3] PNUD. 2009 Documento de Programa Conjunto Mejorando la Seguridad Ciudadana en Panamá: Hacia la Construcción Social de una Cultura de Paz  Fondo PNUD-España para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ventana Temática de Prevención de Conflictos y Construcción de Paz. PNUD – Gobierno de Panamá. p. 8.

   PNUD. 2009 Hacia una mejor gestión local de seguridad. Serie compartir conocimientos. PNUD Centro Regional para América Latina y el Caribe p. 13.

[4] Lasso Núñez, José Clemente (2009). Informe Gestión Municipal de la Seguridad Ciudadana en Centroamérica y República Dominicana. Capítulo Panamá. Flacso, AECID, Fundación DEMUCA. p. 12.

[5] PNUD. 2009 Hacia una mejor gestión local de seguridad. Serie compartir conocimientos. PNUD Centro Regional para América Latina y el Caribe p. 11.

[6] PNUD. 2009 Documento de Programa Conjunto Mejorando la Seguridad Ciudadana en Panamá: Hacia la Construcción Social de una Cultura de Paz  Fondo PNUD-España para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ventana Temática de Prevención de Conflictos y Construcción de Paz. PNUD – Gobierno de Panamá. p. 22.

Frühling, Hugo – BID. 2012. La eficacia de las políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina  y el Caribe. Cómo medirla y cómo mejorarla. BID Instituciones para el Desarrollo (IFD/IFD) DOCUMENTO PARA DISCUSIÓN. p. 25.

[7] PNUD. 2009 Hacia una mejor gestión local de seguridad. Serie compartir conocimientos. PNUD Centro Regional para América Latina y el Caribe p. 7.

   Frühling, Hugo – BID. 2012. La eficacia de las políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina  y el Caribe. Cómo medirla y cómo mejorarla. BID Instituciones para el Desarrollo (IFD/IFD) DOCUMENTO PARA DISCUSIÓN. p.p. 26 y 27.

[8] PNUD. 2009 Hacia una mejor gestión local de seguridad. Serie compartir conocimientos. PNUD Centro Regional para América Latina y el Caribe p.p. 7 y 9.

   PNUD, CONCERTACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO, IKEI. 2015. Estrategia Panamá 2027: Buen Gobierno, Justicia Independiente y Seguridad Ciudadana. Apoyo al Mecanismo de Verificación y Seguimiento de los Acuerdos y Metas de la Concertación Nacional para el Desarrollo de Panamá. Unidos hacia el Futuro. PNUD, Concertación Nacional para el Desarrollo, Ikei. p. 16.

[9] PNUD. 2009 Documento de Programa Conjunto Mejorando la Seguridad Ciudadana en Panamá: Hacia la Construcción Social de una Cultura de Paz  Fondo PNUD-España para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ventana Temática de Prevención de Conflictos y Construcción de Paz. PNUD – Gobierno de Panamá. p. 8.

[10] PNUD, CONCERTACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO, IKEI. 2015. Estrategia Panamá 2027: Buen Gobierno, Justicia Independiente y Seguridad Ciudadana. Apoyo al Mecanismo de Verificación y Seguimiento de los Acuerdos y Metas de la Concertación Nacional para el Desarrollo de Panamá. Unidos hacia el Futuro. PNUD, Concertación Nacional para el Desarrollo, Ikei. p. 16.

[11] PNUD, CONCERTACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO, IKEI. 2015. Estrategia Panamá 2027: Buen Gobierno, Justicia Independiente y Seguridad Ciudadana. Apoyo al Mecanismo de Verificación y Seguimiento de los Acuerdos y Metas de la Concertación Nacional para el Desarrollo de Panamá. Unidos hacia el Futuro. PNUD, Concertación Nacional para el Desarrollo, Ikei. p. 17.

[12] Lasso Núñez, José Clemente (2009). Informe Gestión Municipal de la Seguridad Ciudadana en Centroamérica y República Dominicana. Capítulo Panamá. Flacso, AECID, Fundación DEMUCA. p. 11.

[13] Frühling, Hugo – BID. 2012. La eficacia de las políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina  y el Caribe. Cómo medirla y cómo mejorarla. BID Instituciones para el Desarrollo (IFD/IFD) DOCUMENTO PARA DISCUSIÓN. p.7.

[14] PNUD. 2009 Hacia una mejor gestión local de seguridad. Serie compartir conocimientos. PNUD Centro Regional para América Latina y el Caribe p.p. 13 y 14.

Lasso Núñez, José Clemente (2009). Informe Gestión Municipal de la Seguridad Ciudadana en Centroamérica y República Dominicana. Capítulo Panamá. Flacso, AECID, Fundación DEMUCA. p. 11.

[15] Hernández, Tulio y López, Diana. (2013) Cultura Ciudadana y Desarrollo Local. Editorial Fundación Chacao para la Cultura y el Turismo. Alcaldía de Chacao. Caracas, Venezuela. p.p. 13 y 14.

[16] Hernández, Tulio y López, Diana. (2013) Cultura Ciudadana y Desarrollo Local. Editorial Fundación Chacao para la Cultura y el Turismo. Alcaldía de Chacao. Caracas, Venezuela. p.p.14 y 15.